Por Yobany De León
El pasado sábado en el programa producido por Nuria Piera, se divulgó una investigación periodística en donde hace seria denuncia en contra del señor Francis Mejía, Director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), y se pudo observar que uso el tráfico de influencia y el favoritismo para beneficiar a funcionarios con el crédito, cuando este debe ser utilizado para favorecer a la pequeña empresa y la creación de empleos.
Esta denuncia llego a oído del Presidente Leonel Fernández, sobre las irregularidades en el desempeño en el cargo, es cuando lo destituye mediante decreto como titular de esa institución. Según la investigación está amparada en pruebas documentales y testimoniales, las cuales indican que incurrió en graves anomalías en el manejo de fondos destinándolos a fines contrarios para lo que fueron solicitados, facilidades de préstamos a los demás funcionarios y empleados del organismo para actividades particulares, además de la creación de categoría o cargos en la nomina para incluir a empleados de sus empresas privadas, y el uso indebido de los fondos de la institución para la cancelación de préstamos a particulares.
Es preciso señalar que en la rendición de cuentas del 27 del Febrero pasado, en su discurso el Presidente Fernández, planteó una serie de mecanismos anti-corrupción puestos en vigencia y requirió al Ministerio Publico que actué con plena independencia y libertad, para que cada quien fuese responsable de sus propios actos, pero al día siguiente el Director el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Lic. Hotoniel Bonilla, expreso que esa dependencia necesita recurso para poder enfrentar la corrupción. Algo insólito mientras a la Defensoría Publica (antes abogados de oficios), le serán desembolsados este año 240 millones de pesos, mientras que el Departamento contra la Corrupción, recibe mucho menos recursos para luchar contra la corrupción, siendo una clara contradicción, ya que los que defienden en algunos casos corruptos, esos cuentan con mayores recursos para defenderlos, sin embargo la institución que tiene la tarea de combatir el flagelo de la corrupción recibe menos que aquellas que los defienden.
El Ministerio Publico tiene la potestad de investigar todos los casos de corrupción, someterlos a la acción de la justicia, sin esperar un mandato del Presidente para actuar en consecuencia. El Departamento Contra la Corrupción, es una dependencia de la Procuraduría General de la República, y tiene la categoría de un Procurador General Adjunto, y por esa razón goza de las atribuciones propias del Ministerio Publico, definidas en los artículos 16 y 20 del la ley 78-03, que instituye el Estatuto del Ministerio Publico, órgano del sistema de justicia, único e indivisible, porque cada uno de sus funcionarios y cuando actúa lo representa íntegramente.
La situación es más penosa aun cuando el pueblo y el propio gobierno son enterados a través de los medios de prensa de los actos de corrupción que no son investigados por las autoridades competentes, sino que estos se sirven de las investigaciones realizadas por personas particulares, y que al actuar en su condición de Ministerio Publico, muchas de estas pruebas que habían sido publicada en algunos casos , ya no sirven como elementos probatorios porque en su mayoría han sido obtenidas de manera ilegal, es por eso que el Ministerio Publico, como órgano investigador y persecutor de los delitos, debe tener más eficacia y las herramientas que le posibiliten allanar una buena investigación, sin tener que apoyarse en datos y pruebas obtenidas sin las características procesales y que algunas son luego destruidas por el propio autor del delito de corrupción. El presente caso de Promypime es una muestra del poco interés de perseguir la corrupción, ya que solo lo han destituido del puesto y no hemos escuchado que haya sido sometido a la acción de la justicia, para que este responda por sus hechos.
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